El enorme desarrollo de las empresas transnacionales se manifiesta en un poder económico que muchas veces supera la capacidad adquisitiva de los Estados, sin ir más lejos, de las cien primeras potencias económicas del mundo, 49 son empresas transnacionales y las otras 51 Estado-naciones.
Esta gran capacidad económica ha incidido en que las empresas sean factores de cogobierno en las distintas economías mundiales, constituyéndose en verdaderos poderes fácticos capaces de crear legislación en base a bancadas políticas que participan de los dividendos de dichas compañías, ya sea directamente o eventualmente, a través del financiamiento de campañas políticas y donaciones intencionadas.
En este sentido, la contraposición de fundamentos, en relación a que el Estado propende al bien común y la empresa al lucro, la co-legislación interfiere con los intereses de las voluntades populares, superponiendo intereses privados que rara vez, sino nunca, tienen concomitancia con las necesidades sociales. En éste aspecto es válido preguntarse a quién representan los parlamentarios.
La potente intervención de las empresas transnacionales en los ámbitos de competencia del Estado, en sus políticas públicas y en la legislación, tienen su mayor expresión un progresivo daño medioambiental, cuestión que se hace patente en las realidades tercermundistas que rara vez poseen legislación que permita el desarrollo sustentable, muy por el contrario, esta interferencia privada se ha transformado en depredación de los ambientes naturales, de las materias primas y en un deterioro constante de la calidad de vida de las personas. Ejemplos sobran; las plantas de celulosa que contaminan aire y aguas, los desechos de la minería (relaves) que acumulan materiales pesados (plomo y cadmio), la deforestación y suplantación del bosque nativo y un largo etcétera.
La solución para toda esta inmundicia se encuentra en la generación de una legislación fuerte, que castigue al que contamina y contemple cuotas de producción, orientados a la búsqueda del desarrollo sustentable que permita que los países latinoamericanos preserven su biosfera para las nuevas generaciones, porque de no ser así, el escenario para nuestros hijos y nietos sería desolador.
En el mismo contexto, las actuales políticas empresariales, rotuladas como responsabilidad social de la empresa (RSE), no son suficientes para mitigar el daño que se ha provocado al medioambiente. La construcción de colegios, donaciones, paseos y otros estímulos, constituyen limosna que no se condice con las enormes riquezas que se generan en suelo chileno. Tema aparte es la tributación, que para el caso nacional, abundan exenciones y tributos irrisorios, como el royalty de la minería.
Y aquí el partido radical tiene harto que decir, no por nada nuestra ideología progresista y humanista puede respaldar los principios ambientalistas, situación que se puede desarrollar en dos niveles.
En primer término, internalizar en la doctrina conceptos como desarrollo sustentable y conservación de la biosfera, con la retahíla de eventos que ambas situaciones implican, en segundo término, a nivel parlamentario, reformar la ley 19.300 de bases del medioambiente, que en este momento esta obsoleta, recordemos que fue concebida a la medida por parlamentarios de la UDI que hoy son los mismos propietarios y accionistas de las grandes empresas depredadoras y que tiene como característica principal, una tolerancia inusitada a la explotación sistemática.
Esta ley es un buen ejemplo de cómo los intereses de las transnacionales se han infiltrado en el poder político y han legislado en su favor y como ya está dicho, en desmedro de la sociedad, de los electores y de las personas. Más aun, sería una instancia revolucionaria y mediática, que nuestros parlamentarios hicieran el esfuerzo de presionar para modificar el actual royalty de la minería, que en término simples, no es más que el pago de un derecho de explotación, y no un gravamen por toneladas métricas producidas, que sería lo correcto y lo usual en este aspecto.
El partido Radical debe tener una opinión ante estos temas y debe legislar a favor del medio ambiente, de la preservación, de la conservación, porque este acto legislativo tiene como beneficiarios a todos los chilenos.
Una situación bastante peculiar se está viviendo con el Parque Pumalín. Cuando apareció Douglas Tomkins con su propuesta de reserva mundial de la biosfera, todos los conservacionistas y medioambientalistas se pusieron de pie para aplaudir su iniciativa.
Más allá de velar por los intereses territoriales de un Estado chileno que no es de los ciudadanos, sino que pertenece a los grandes conglomerados económicos transnacionales o a las acaudaladas familias Luksic, Angelini o Paulman, Parque Pumalin implicaba un conservacionismo a ultranza, que lo constituiría en bastión de la biodiversidad y máxima expresión de la naturaleza impoluta, más aun, considerando que nuestra legislación fomenta la iniciativa y la propiedad privada, no se puede entender el travestismo económico de algunos sectores que ahora que no pueden acceder a esos terrenos privados para saquearlos, personifican sus ataques contra "el gringo" creando un conflicto artificial para desorientar a la opinión pública y fracturar la integridad de un territorio con argumentos tan falsos como la conectividad de pequeños villorrios que usufructúan de Pumalin.
En otro sentido, las acusaciones xenófobas de estos mismos grupos respecto a utilizar la ley de extranjería sobre su propietario, en circunstancias que el problema no es Tomkins, sino sencillamente el hecho de que no pueden profitar de tierras ajenas, tierras privadas que el mismo libre mercado consagra y sacramenta, deja de manifiesto la poca tolerancia a la otredad.
¿Qué ocurriría si esas tierras fueran propiedad de un conocido consorcio vinoso?, probablemente ya no quedarían alerces, se habrían instalado unas cuantas plantas de celulosa, no existiría ecoturismo y nadie se acordaría de la conectividad de esos pueblitos.
Las transnacionales y Pumalin son ejemplos extremos, el Partido Radical debe ser la bisagra que haga operativa una realidad en la cual las nuevas generaciones de chileno puedan tener acceso a un medioambiente libre de contaminación, a una biodiversidad maravillosa que habita el territorio, a un desarrollo sustentable que preserve en su justa medida los recursos naturales, las nuevas generaciones tienen derecho a un futuro y nuestro partido debe proporcionárselo
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